El gobierno del estado, en voz del subsecretario de Asuntos Políticos, Víctor Aguirre Alcaide, concluyó que el bloqueo de la Autopista del Sol del pasado martes no fue encabezado por verdaderos agentes ministeriales inconformes por la situación que priva en la PGJE, sino por comerciantes, choferes y limpiaparabrisas provenientes de Acapulco que tenían como única exigencia la destitución del encargado de despacho de la Procuraduría, Juan Manuel Herrera Campos, por lo que infiere que fueron movilizados por fuerzas e intereses ajenos con el fin de desestabilizar al estado.
El argumento ha sido utilizado tantas veces desde que inició la actual administración, que ya cuesta trabajo darle crédito. Sin embargo, una breve revisión de los acontecimientos recientes parece indicar que, al menos en este caso, el gobierno aguirrista no sólo parece tener razón, sino que también puede tener en sus manos elementos serios que lo lleven a encontrar cuáles son esas fuerzas oscuras y los intereses que persiguen.
El pasado viernes 27 de enero, varios colegios de abogados y despachos jurídicos anunciaron la conformación de la Federación de Abogados del Estado de Guerrero, integrada, entre otros, por el Colegio de Abogados Penalistas, presidido por Alfredo Pérez Zárate; el Colegio de Abogados “Ignacio Manuel Altamirano”, que encabeza Alberto Aparicio Navarro, así como varios abogados de Acapulco. En esa misma ocasión, en un hecho sin precedentes en la entidad, la recién creada federación propuso al gobierno del estado considerar a Pérez Zárate para el cargo de procurador.
Por mencionar sólo los hechos públicos más recientes que ha encabezado Alfredo Pérez Zárate, es de mencionar que asumió la defensa de las mujeres que se encontraban durmiendo con internos del penal de Acapulco durante el cateo que se realizó ahí el pasado 7 de noviembre, en el que se encontraron granadas, pistolas y hasta pavorreales. Dos meses después, el pasado 15 de enero, Pérez Zárate y los demás dirigentes de la recién constituida Federación de Abogados, encabezaron en el puerto una marcha “por la paz” en la entidad y exigieron “justicia” para los normalistas de Ayotzinapa asesinados. En esa ocasión movilizaron a mil 500 personas, dirigidas ni más ni menos que por los líderes de taxistas, comerciantes y transportistas de Acapulco.
En el bloqueo de la Autopista del Sol realizado este martes, el nombre de Pérez Zárate volvió a aparecer. Según el reporte emitido ese día por la prestigiada revista “Proceso”, dicho abogado, “señalado de tener presuntos nexos con el narco”, encabezó la negociación con las autoridades y, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo, “ordenó el cierre de la autopista”. Ayer, el propio Pérez Zárate reconoció que él y diversas “organizaciones combativas como los transportistas” de Acapulco se sumaron “solidariamente” a la protesta de los ministeriales, pero negó que los haya encabezado, como lo aseguró el director de Gobernación, Moisés Alcaraz.
De antemano, con estos antecedentes es claro que Pérez Zárate perdió definitivamente la posibilidad de ser considerado como posible titular de la PGJE. Sin embargo, no es menos evidente que al interior de la dependencia existe una inconformidad laboral que el gobierno del estado debe atender, como está obligado también a investigar y señalar públicamente a los interesados en montarse en dicho descontento para crear inestabilidad.
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