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El Primer Sitio Online de la Costa Chica

En medio de protestas gobernador firma convenio con la CRAC-PC

La inauguración

*Entrega las casas de justicia de San Luis Acatlán y Espino Blanco

RUBICELA PRUDENTE
SAN LUIS ACATLÁN, GRO.
En medio de protestas contra algunos integrantes de la casa matriz, el gobernador del estado Rogelio Ortega Martínez, se reunió este sábado 24 de enero con integrantes de la CRAC-PC de las casas de justicia de San Luis Acatlán y Espino Blanco, a quienes entregó los dos nuevos edificios con un costo de más de 5 millones de pesos, y firmaron un convenio de colaboración institucional donde reconoce la autonomía de la CRAC-PC en la región de la Costa Chica y Montaña.
En este evento estuvieron presentes el coordinador regional de la casa de justicia matriz, Abad García García, el coordinador regional de la casa de justicia de la CRAC-PC de Espino Blanco, Nicasio Castro Agustín, consejeros, comisarios, policías comunitarios y comandantes regionales de la CRAC-PC, además del gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez; el secretario general de gobierno, David Cienfuegos Salgado; el secretario de seguridad pública, Pedro Almazán Cervantes; Jesús Hernández Torres, secretario de obras públicas; el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Castro Soto; la secretaria de la Mujer, Rosalinda Ramírez Rodríguez; la esposa del gobernador, Rosa Icela Ojeda Rivera, el presidente municipal de San Luis Acatlán, Alejandro Contreras Velasco, el síndico procurador Raúl Medina Martínez, así como políticos de la región Costa Chica y ciudadanos de San Luis Acatlán, y otros municipios.
El acto oficial dio inicio alrededor de las 11 de la mañana, con la entonación del Himno Nacional mexicano en el patio trasero de la nueva casa de justicia de la CRAC-PC ubicada en Riviera Acatlán, misma que fue ocupada inicialmente por Eliseo Villar Castillo.

La foto del recuerdo

Reconocen al Paraíso

Para dar la bienvenida al gobernador del estado, el consejero regional Sabas Aburto Espinobarros  dio lectura a una reseña histórica de la policía comunitaria y la CRAC-PC, diciendo que la primera casa de justicia fue la de San Luis Acatlán, por ello le llaman la casa matriz; asimismo que del 98 a la fecha se incorporaron más comunidades y fue necesario formar tres casas de justicia más entre ellas Zitlaltepec, Espino Blanco y El Paraíso en Ayutla, “las cuales son las únicas legalmente constituidas por acuerdo de la asamblea regional comunitaria, aunque hay enlaces en Olinalá, Huamuxtitlán, Tecoanapa y Cacahuatepec, formando cerca de 300 comunidades en 17 municipios, con más de 3 mil policías comunitarios, erradicando la inseguridad en más del 90 por ciento, podemos afirmar que la zona donde opera la CRAC-PC es las más segura.”
Aclaró que la verdadera policía comunitaria no es autodefensa, pues tienen una larga historia reconocida nacional e internacionalmente, “hay otros grupos que dicen ser de la CRAC-PC a quienes no reconocemos como la de Santa Cruz del Rincón, que dirige Cirino Plácido Valerio apoyado por algunos líderes de la Upoeg y autodefensas como Bruno Placido Valerio y Ernesto Gallardo, algunas comunidades del sistema se separaron en 2013 y sus líderes se han opuesto a que se reintegren.”
Otra de las casas de justicia que desconocen, es la de Cochoapa en Ometepec, cuyas comunidades amuzgas, afro y mixtecas, dijo, fueron incorporadas ilegalmente por Eliseo Villar Castillo y cuando fue coordinador en San Luis. “Eliseo se atrincheró en Cochoapa después de que la asamblea regional le revocó el mandato en marzo del 2014. Eliseo Villar apoyó a Ángel Aguirre para que encarcelara a otros líderes comunitarios, cometió un fraude por más de 740 mil pesos a la CRAC que nunca aclaró, hubo diversas detenciones y torturas a coordinadores, comandantes, policías comunitarios y ciudadanos.”

El recorrido

Demandas de la CRAC

Al mismo tiempo, enumeró las demandas de la CRAC-PC al gobierno del estado, destacando la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por el estado mexicano en colusión con grupos del crimen organizado, y la libertad a los presos políticos de la CRAC-PC, Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Aturo Campos, Bernardino García, Marco Antonio Suástegui, Ángel, Eleuterio y Florencio García, Abad Francisco, Benito Morales y Samuel Ramírez encarcelados por servir a sus ideales.
Demandaron la no imposición a los proyectos mineros en el territorio comunitario; el respeto a la autonomía del sistema de seguridad e impartición de justicia comunitario por los tres niveles de gobierno y para ello, dijeron, están dispuestos a firmar convenios de colaboración institucional como el que concretaron con el mandatario estatal; cancelación de las más de 60 órdenes de aprehensión contra representantes comunitarios, y como último punto del pliego petitorio la revisión y debida integración de las múltiples averiguaciones previas contra Eliseo Villar Castillo para que sea castigado ejemplarmente por todos los delitos ya mencionados y otros más que la gente no ha tenido el valor de denunciar.
Posteriormente se dio paso a la firma del convenio de colaboración institucional entre el gobierno del estado y la CRAC-PC, en la que participaron Rogelio Ortega Martínez y Abad García García, entre otros coordinadores regionales y autoridades; y como símbolo de este convenio las autoridades regionales de la CRAC entregaron el banderín de mando al gobernador del estado como personaje distinguido de los usos y costumbres de las comunidades integradas a las casas de justicia la policía comunitaria.
Además se entregaron solicitudes de las obras prioritarias para las comunidades del territorio comunitario de Espino Blanco y San Luis Acatlán, por Ángel Contreras Solano, Santos González Oropeza, Silvino Santos, y Francisco Félix García, Marciano Rojas Ayala.
En su intervención el alcalde Alejandro Contreras Velasco reconoció las complicaciones en materia de seguridad que se han suscitado en la región, pero destacó que el municipio se encuentra libre de ese mal, aunque dijo, se han registrado incidentes menores; igualmente refrendó su apoyo a la policía comunitaria, además consideró que es hora de que nuestro derecho positivo reconozca la figura jurídica de la policía comunitaria, respetando sus usos y costumbres y que su actuar siempre sea de acuerdo al estado de derecho y respetando los derechos humanos de todos los ciudadanos.

El discurso del gobernador

Gobernador

En su mensaje el gobernador del estado Rogelio Ortega Martínez dio a conocer que acudirá el 2 de febrero a San Luis Acatlán para rendir homenaje a Genaro Vázquez Rojas, y se refirió a la firma del convenio de colaboración que vincula al estado de Guerrero con la CRAC: “El convenio que hoy suscribimos tiene un propósito, aquí nació la CRAC y hay más de 18 años de experiencia y tiene varios caminos, la experiencia positiva que hay que recuperar y fortalecer que radica en el derecho que tienen los pueblos originarios para organizarse y construir sus propias policías para defenderse, para trabajar a favor del pueblo.”
Además expresó que la policía comunitaria surgió porque la policía tradicional que llega, hace atrocidades y violan a las mujeres, hijas, y se coluden con la delincuencia organizada y luego se van. Dijo que se ha reunido antes con coordinadores regionales de la casa matriz en la casa del pueblo, pero que el convenio que se firmó quisieron hacerlo en la casa de justicia, como ejemplo, “porque se produjo la división, y la división del pueblo no sirve, no ayuda, no podemos estar divididos, vamos de la mano. No podemos nosotros aprovecharnos del poder el uniforme, el reconocimiento para castigar injustamente a otra persona, por eso tenemos que hacer un proceso de entrenamiento para nuestros policías comunitarios, para que cuando estén en una situación complicada sepan actuar con el deber y con el criterio de la justicia. Cuando saludé a los policías comunitarios vi que sus uniformes ya están desgastados, por ello habremos de entregar uniformes, patrullas, radios.”
Después expresó su solidaridad con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos el 26 de septiembre, diciendo que la normal rural es un colectivo de larga lucha que tiene la solidaridad de muchos sectores y ahí es donde detonó la crisis; Rogelio Ortega mencionó que el 2 y 3 de julio del 2013 esos mismos delincuentes de Guerrero Unidos fueron a Ayutla y sacaron de sus casas a 17 jovencitos, y al día siguiente la población estuvo aterrada y en silencio, pero no hicieron nada por temor.
Posterior a su mensaje realizó un recorrido por las instalaciones de la nueva casa matriz, haciendo entrega oficialmente de este edificio, asimismo informó que entregarían la nueva casa de justicia en Espino Blanco.
El mandatario estatal hizo un llamado tanto a policías comunitarias como a grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, así como al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, a trabajar sin divisiones, “pues son astillas de la misma madera”.

Ortega porta la bandera de la CRAC

Protestas

Además de la protesta que realizaron miembros del Cecop, en este acto, se manifestaron cinco mujeres de la comunidad de Benito Dircio Solano, Juan Roberto, Alfonso Bernal, Rafael Dolores, Gerardo Dolores, Valente Fabián y Faustino Ramos, afirmando que fueron detenidos sin ningún delito, y sólo por venganza política por parte de la CRAC-PC de Abad García, luego de la salida de Eliseo Villar Castillo.
“Cuanacaxtitlán exige justicia, no venganza política por parte de la CRAC-PC de Abad García, atienda nuestro llamado gobernador”. “Al pueblo se le convence con sus acciones no se le somete con violencia. Libertad y Justicia”, se leía en las pancartas que portaban cuando se colocaron frente al gobernador mientras se desarrollaba el programa.
Otra de las manifestaciones fue hecha por el abogado Cristóbal Alfonso Hernández Mejía, quien desde el 2011 ha estado apoyando la defensa de Rafaela Meza Gerónimo y Teresita Hernández Félix, acusadas de fraude millonario de Chinde Etanyo, quien acusó al licenciado Leonel Félix Flores de ser juez y parte en el caso de Chinde Etanyo, cuya demanda a los socios se está llevando por parte de la casa matriz.
“Rafaela Meza Gerónimo y Teresita Hernández Félix fueron acusadas de un pseudo fraude millonario y todavía la familia de Teresita sigue siendo asediada con quitarle su patrimonio porque Chinde Etanyo está en la casa que es propiedad de Ranulfo Hernández García. Solicito al gobernador su intervención para una reunión abierta con el consejo de administración, pues me han conculcado el derecho como apoderado legal de Ranulfo Hernández, y quien se ha negado a escucharlos es el licenciado Leonel Félix Flores porque es consejero, abogado de la CRAC-PC, pero también es abogado de Chinde Etanyo y es juez y parte, se están haciendo unos convenios con el 25 por ciento de interés, además del 16 por ciento de IVA sin tener derecho a réplica, a voz y a ninguna defensa legal y todo esto lo están haciendo ante la casa de justicia de la CRAC-PC  de San Luis Acatlán”, dijo.
Asimismo, entregó una documentación al gobernador del estado en la que piden una auditoría por parte de la AGE a Chinde Etanyo, porque afirmó que ya no aparece en las cajas populares de la Comisión Nacional Bancaria de valores, ya que está en quiebra. “El director de Cuanacaxtitlán depositó 100 mil pesos y quiso retirarlos pero ya no hubo recursos para que le regresaran su dinero.”

La firma de acuerdos
   
 
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