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Niega TSJ información de reformas para evitar impugnaciones, señalan

Rubén Cayetano García (Foto: Archivo)

FERNANDO POLANCO OCHOA/IRZA
CHILPANCINGO, GRO.           

El presidente del Colegio de Abogados de este municipio, Rubén Cayetano García, denunció que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, negó la entrega de copias certificadas de la reforma penal recién aprobada por el Congreso local.
Aseguró que Galeana Marín ha ignorado las peticiones que le han formulado por escrito desde que el Poder Legislativo avaló la reforma para evitar que les dé tiempo de impugnar la desaparición de la Segunda Sala Civil del Poder Judicial.
En base a un oficio fechado el 27 de agosto y recibido por la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia, Cayetano García reitera su petición y al mismo tiempo reprocha que le estén negando la documentación requerida.
En el oficio refiere que la primera del 14 de agosto sobre copia certificada de la iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley del Poder Judicial del Estado de Guerrero, Galeana Marín la turnó al secretario general de Acuerdos.
Pero el funcionario no le ha entregado la información requerida argumentando que “le hacen falta firmas de la iniciativa o que el suscrito le proporcione una copia de la misma para que me la certifiquen”.
“Vengo a reiterar mi exigencia de solicitud de copias certificadas, pues me parece inverosímil y absurdo que este Tribunal se conduzca de esta manera”, expuso.
Añadió que el mismo caso ya ocurrió con la aprobación de la reforma integral de la Constitución del Estado. “Me escondieron el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para evitar impugnaciones y ahora bajo circunstancias similares y de manera vergonzante se procede de esta manera”, reprochó.
Señaló Cayetano García en el oficio enviado a la presidenta del Poder Judicial y pese a la petición hasta este lunes no había recibido tal información, pues el litigante adelantó que impugnarían la desaparición de la Segunda Sala Civil a raíz de la reforma penal aprobada por el Congreso local.

 

   

 

 

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