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La nueva Ley que “privatiza” el agua es regalo de PRI, PAN y Verde a empresarios

Diputados aprobaron el dictamen (Foto: Archivo)

*El pasado miércoles, fue aprobado el dictamen de esa nueva ley, en usencia de diputados de PRD y Morena

*Permite la participación de la iniciativa privada mediante concesiones “para la explotación, uso o aprovechamiento de zonas federales y demás bienes públicos inherentes”, según el artículo 88 fracción tercera.

SIN EMBARGO
CIUDAD DE MÉXICO

El dictamen por el cual se crea la nueva Ley General de Aguas favorece a empresas particulares en detrimento del derecho humano al agua potable, plasmado en la reforma constitucional del 2012, entre ellas a Grupo Higa, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, la misma que se ha visto beneficiada en múltiples ocasiones con contratos para construir obra del Gobierno federal, afirmaron diputados de oposición.
Y es que la ley en comento cambia el panorama de negocios y además maximiza beneficios para constructoras como Grupo Higa, explicó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, vicecoordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro.
Por ejemplo, mencionó el caso del Acueducto Monterrey VI, en donde las empresas que conforman el Grupo Higa participan con aproximadamente el 60 por ciento del contrato para la construcción y operación del acueducto.
Y es que gracias a la nueva ley, por primera vez un grupo privado participará de manera directa en la operación del trasvase de aguas nacionales.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles en comisiones la nueva Ley General de Aguas, la cual ha sido calificada por organizaciones civiles como un intento gubernamental para privatizar el recurso y favorecer el uso de agua en la técnica del fracking para extracción de shale gas, y con beneficios adicionales para empresas comercializadoras y hasta constructoras.
Las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Alcantarillado aprobaron con 31 votos de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), un dictamen que nunca fue consensuado con las organizaciones de la sociedad civil.
Hasta hoy las constructoras pueden participar únicamente en la construcción de infraestructura destinada a realizar trasvases pero nunca en su operación. Es decir, el consorcio operador no puede disponer de las aguas que trasvasa por lo que sus funciones se limitarían en la actualidad a fungir como operario de la Conagua.
El también integrante de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento explicó que el solo hecho de ser operario de trasvases califica a Grupo Higa lo convierte en concesionario de las aguas nacionales, mismas que podrá disponer hasta por un periodo de 30 años con derecho a prórroga por similar tiempo.
“De este modo y al contar, por ejemplo, con un título de concesión de uso industrial o mixto podrá destinar el agua trasvasada para venderla, o utilizarla ella misma, a las empresas que realizaran procesos de fracturación hidráulica -que es el objetivo real del Acueducto Monterrey VI- o a su vez venderla a los Organismos Operadores de Agua pudiendo cambiar las veces que quiera su título de concesión entre los usos industrial y público urbano, so pretexto de satisfacer el derecho humano al agua”, afirmó el legislador de Morena.
O si Grupo Higa lo prefiere, podrá vender a la propia Conagua el agua previamente concesionada como agua en bloque con un sobreprecio, amparado por los criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera y por su propia posición monopólica, dijo.
Este modelo de negocios que la Ley General de Aguas abre a los particulares podrá replicarse a lo largo y ancho del país por Grupo Higa o por cualquier otro grupo de empresas constructoras que ahora podrán participar como operadores de los trasvases que actualmente realiza la Conagua.
La Diputada perredista Aleida Alavez concordó con su par de Morena. Afirmó que la propuesta elimina el ámbito de la asignación el cual sólo aplicará para el suministro de agua potable y lo sustituye por el de concesión, lo que implica que todo el proceso de gestión y administración del agua podrá privatizarse por la vía de concesión.
“Esta iniciativa pretende concesionar los trasvases a compañías privilegiadas del sexenio peñista, como Grupo Higa, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas señalado en el artículo segundo constitucional, como el caso de pueblo Yaqui y el Acueducto Independencia”, afirmó la también vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
Y es que la Ley fomenta los trasvases, o traslados de agua. En el texto se define como “la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural”.
“Los trasvases quedarán a cargo, en primer lugar, de los agentes privados que al tratarse de concesionarios podrán disponer y acaparar el líquido durante 30 años con derecho a prórroga. Los requisitos para autorizar trasvases a realizar a cargo de privados no quedan establecidos en la Ley sino a criterio del Ejecutivo a través del reglamento”, sostuvo el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El legislador consideró que los trasvases debieran ser utilizados únicamente bajo condiciones de excepción como lo es una emergencia hídrica, particularmente para atender el abasto en situaciones de sequías prolongadas. No obstante estas se abren de forma indiscriminada a la iniciativa privada.

¿Se privatiza el agua?

Aunque en el texto aprobado nunca se menciona la frase “privatización del agua” y sus defensores argumentan que no se toca el artículo 27 Constitucional, por lo que es imposible hablar de privatización de este bien nacional, lo cierto es que la nueva ley permite la participación de la iniciativa privada mediante concesiones “para la explotación, uso o aprovechamiento de zonas federales y demás bienes públicos inherentes”, según el artículo 88 fracción tercera.
La concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales tendrá una vigencia mínima de cinco años y máxima de treinta años, según estipula el artículo 94. Este tiempo podrá ser prorrogable hasta por otros 30 años.
Una de las novedades de la iniciativa es la regulación del “trasvase”, definido como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, lo cual implica que la autorización a la que se sujeta tal actividad tiene por objeto permitir el traslado de las aguas nacionales y no la construcción de la obra.
La Ley especifica que en ningún caso el concesionario puede disponer del agua en volúmenes mayores a los autorizados por la Comisión; en caso de que se explote más agua, se deberá tramitar una nueva concesión. Sin embargo, también entrega la obligación a los propios concesionarios de instalar medidores para medir la cantidad de agua descargada.
Respecto a la creación de infraestructura hidráulica, la nueva ley plantea que la federación, las entidades federativas y el Distrito federal deberán fomentar el desarrollo de este tipo de infraestructura para garantizar el derecho humano al agua.
Posteriormente señala que para alcanzar este objetivo, el Gobierno podrá celebrar con particulares contratos de obra pública y servicios con la modalidad de inversión recuperable.
Asimismo, podrá “Otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal”; así como para “construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta”.

Dictamen que viene de fuera: PRD

El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, confirmó a SinEmbargo que el dictamen que se aprobó en comisiones unidas de la Cámara de Diputados no fue elaborado 100 por ciento por los legisladores.
Recordó que desde hace varios meses los legisladores habían trabajado de la mano con organizaciones de la sociedad civil, incluso se escuchó la voz de los concesionarios y otros involucrados en el sector.
No obstante, durante la madrugada del miércoles 4 de marzo, los legisladores recibieron una propuesta de dictamen “a altas horas de la madrugada”, con la intención de no dar los cinco días que marca el reglamento para dar la oportunidad a los diputados a leer el documento y presentar sus reservas.
“Es un dictamen que viene de fuera. Nosotros hicimos un esfuerzo entre todos. Entre las comisiones para abundar, para enriquecer esta propuesta. Lamentablemente no se logró”, afirmó el diputado Gaudiano.
Además, de último minuto se incluyó una adenda para que se incorpore al proyecto de dictamen, que contiene propuestas de modificación y ajuste a diversos artículos con el propósito de simplificar artículos y evitar duplicidades, según dijeron los legisladores priistas.
“Al final, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ejemplo, manda unas modificaciones de último momento en la redacción de los artículos. Entonces nosotros no podríamos avalar eso. No estamos de acuerdo”, dijo el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Es por esto y por otras irregularidades en el procedimiento legislativo que 10 diputados del PRD y Morena abandonaron el salón de las comisiones unidas y adelantaron que votarán en contra del proyecto en cuanto se presente al Pleno de la Cámara de Diputados.

     
   
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